La movilización del sector privado para el cumplimiento de las Contribuciones Nacionales Determinadas es una de las oportunidades más importantes que tienen los países centroamericanos para atraer inversión y para transformar sus sistemas productivos hacia el bajo carbono y la resiliencia. Al mismo tiempo, y reconociendo que ya hay una dinámica empresarial importante en invertir en cambio climático, uno de los retos para el sector público es registrar estas acciones y contabilizar su impacto en los informes de progreso de país.

En la región Centroamericana empresas y gremios han construido capacidades y se han certificado en carbono neutralidad o también existen empresas que desarrollan proyectos de energías renovables, o desarrollan modelos silvopastoriles, sin embargo, debe tenerse en cuenta que el potencial de acción del sector privado en la región también se ha visto limitado por los efectos económicos de la pandemia, por el impacto de desastres naturales en todo el aparato productivo, entornos políticos volátiles y también por aspectos estructurales que inciden en la competitividad de la región como temas de seguridad, migración, limitada conectividad e infraestructura regional entre otros.

Uno de los objetivos de atraer al sector privado es contribuir a la resiliencia climática dado los riesgos crecientes e impactos financieros por eventos de origen climático.